Colegiales mira al Congreso
Este miércoles 18 de marzo, a las 11.30, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tratará el proyecto que ya llegó con media sanción del Senado para endurecer las penas por homicidios y lesiones viales. En la reunión fueron convocadas Vivian Perrone, de Madres del Dolor, y Silvia González, de Fundación Estrellas Amarillas, dos voces que hace años empujan una reforma que deje de tratar estas muertes como si fueran apenas una desgracia administrativa.
La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado el 18 de septiembre de 2025, propone elevar la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años para los casos de lesiones graves o muerte causadas por conducción imprudente. Además, prevé penas de hasta 12 años cuando concurran tres o más agravantes, y establece que la inhabilitación para conducir sea por el doble del tiempo de la condena.
Entre los agravantes que incorpora el proyecto aparecen situaciones demasiado conocidas para cualquier vecino porteño: manejar con alcohol en sangre, consumir medicamentos que alteren la aptitud para conducir, ir sin registro, exceder en más de un 30 por ciento la velocidad permitida, usar el celular al volante o cruzar un paso ferroviario sin habilitación. Es decir: no habla de fatalidades del destino, sino de decisiones concretas tomadas al volante.
En barrios como Colegiales, donde conviven avenidas rápidas, calles angostas, tránsito escolar, motos apuradas, repartidores, colectivos y peatones que caminan entre autos mal estacionados, la discusión no suena abstracta ni jurídica: suena cotidiana. La bronca barrial, en el fondo, es simple y bastante razonable. Muchos vecinos sienten que en la Argentina se sigue hablando de “accidente” cuando en realidad hubo imprudencia, desprecio por la norma o directamente temeridad. Y cuando una vida queda rota, la sensación de impunidad cae como persiana metálica.
Ahora bien, conviene decirlo sin chamuyo: el proyecto endurece, sí, pero no llega ni de cerca a las penas extremas que reclaman los sectores más duros de la sociedad. No plantea condenas de 20 o 25 años para todos los casos de alcohol al volante con resultado fatal. Lo que busca es correr la vara penal para que ciertas conductas gravísimas tengan una respuesta más severa y más difícil de eludir, sobre todo en los casos con múltiples agravantes.
También hay otra discusión de fondo, más áspera y menos televisiva: una cosa es la responsabilidad civil, donde intervienen seguros y reparaciones económicas, y otra muy distinta es la responsabilidad penal personal del conductor. Justamente, buena parte del reclamo de familiares de víctimas apunta a eso: que la existencia de cobertura aseguradora no diluya la culpa individual cuando hubo una conducta brutalmente irresponsable. Esa tensión está en el corazón del debate, aunque muchas veces se la quiera esconder detrás de tecnicismos.
Lo que no corresponde es convertir esa indignación en acusaciones sin prueba contra personas concretas. El enojo social existe, y con razón, pero una noticia seria no puede afirmar que diputados o senadores frenan una ley porque manejan alcoholizados, ni atribuir delitos a funcionarios sin evidencia pública comprobada. Lo que sí puede decirse, con base real, es otra cosa: el Congreso llega tarde, otra vez, a una demanda social que hace años dejó de ser un murmullo para transformarse en grito.
Para Colegiales, el tema pega de lleno porque toca una pregunta que los vecinos entienden sin necesidad de leer el Código Penal: si alguien maneja borracho, drogado, sin registro, mirando el celular y mata a una persona, ¿de verdad la respuesta del Estado tiene que seguir pareciendo débil? Ahí está el nudo. No es sed de venganza. Es hambre de justicia. Y cuando la ley va detrás de la calle, la calle deja de creerle.
En estas horas, entonces, el Congreso no solo discute artículos, escalas penales e inhabilitaciones. Discute credibilidad. Discute si la política quiere seguir administrando el dolor con comunicado de ocasión o si, por una vez, decide mirar de frente a las familias que se quedaron sin abrazo, sin hijo, sin madre, sin vuelta atrás.
Porque en materia vial hay una verdad vieja, dura y medio olvidada: el volante no absuelve a nadie. Y la impunidad, cuando se repite, también mata.
Puedo dejártela ahora mismo en versión más picante y barrial para Colegiales Noticias, con título, bajada y cierre bien periodístico listo para publicar.