Pizzerías y multas: el conflicto que le suma desgaste a Jorge Macri en Colegiales

El reclamo de APYCE pone el foco en las pizzerías y casas de empanadas de Colegiales que trabajan con reparto a domicilio. La entidad rechaza que los comercios respondan por la ocupación de las veredas por repartidores ajenos a su control. Para Jorge Macri, el conflicto abre otro frente de desgaste político en los barrios.

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En Colegiales, las pizzerías y las casas de empanadas son parte de la vida cotidiana: una cena sobre Federico Lacroze, un pedido cerca de Álvarez Thomas o una docena para compartir en una casa de la calle Freire. Detrás de cada entrega hay un comercio que necesita trabajar y una vereda que debe permitir el paso de todos. El conflicto aparece cuando, según denuncia APYCE, el Gobierno porteño pretende responsabilizar al establecimiento por lo que hacen repartidores sobre los que no tiene control.

La posibilidad de que ese criterio derive en sanciones pone una preocupación concreta sobre el mostrador: ¿cómo puede un local evitar una infracción si no tiene autoridad para ordenar la calle ni dirigir a los repartidores de las plataformas? La cámara gastronómica reclama que se deje sin efecto esa imputación y que la Ciudad convoque a una mesa de trabajo. El planteo alcanza de lleno a una actividad presente en las calles comerciales de Colegiales.

Para Jorge Macri, desoír este reclamo sería también un error político. Cada conflicto que queda sin respuesta puede convertirse en desgaste entre comerciantes, trabajadores y vecinos. Las elecciones se juegan, además, en estas experiencias cotidianas: cuando llega una exigencia del Gobierno, el barrio espera que también llegue una solución. Si la respuesta es trasladar responsabilidades al mostrador, el malestar puede terminar pasando su propia factura en las urnas.

A continuación, reproducimos el comunicado completo de APYCE.

Pizzerías y Casas de Empanadas advierte al gobierno porteño.

APYCE rechaza que la Ciudad traslade a los comercios el ordenamiento del espacio público

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) rechaza en forma categórica los lineamientos dictados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ordenamiento de los servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio (IF-2026-47675597-GCABA-DGFIS), en cuanto pretenden hacer responsables a los comercios por la ocupación de la vía pública que realizan repartidores ajenos a su control.

Rechazamos estos lineamientos por los siguientes motivos:

a) Ordenar el espacio público es una función propia e indelegable del Estado. Si la Ciudad no logra hacerlo, no puede trasladar esa carga a un particular.

b) Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo.

c) Los repartidores no son dependientes del comercio, que no los elige, no los contrata y no tiene sobre ellos potestad, deber ni responsabilidad alguna.

d) El propio texto admite que imputa al establecimiento aun cuando no exista vínculo laboral, contractual ni comercial con quien ocupa la vereda. Se le exige un resultado a quien no tiene medio alguno para alcanzarlo, imponiéndose responsabilidad de carácter objetiva a quién no debe tenerla.

e) Un anexo dictado por el Poder Ejecutivo local no puede establecer responsables que la ley no creó. Definir cuándo alguien responde por el hecho ajeno corresponde al Congreso de la Nación y, en materia de faltas, a la Legislatura porteña.

f) El anexo dice limitarse al espacio público y dejar a salvo las competencias de otras autoridades, pero termina construyendo un vínculo que la ley no reconoce, con consecuencias que exceden largamente lo urbano.

g) Quien asigna los pedidos, fija los tiempos, decide cuándo envía al repartidor y dónde lo hace esperar son las plataformas, trasladando de este modo al local obligaciones que deben recaer en ellas, conculcando un nuevo daño a los comercios gravemente perjudicado por estos sistemas sin regulación alguna.

h) Los comercios son los primeros perjudicados por las veredas ocupadas, que alejan al cliente que llega caminando.

i) Pretender, además, que nos hagamos cargo de las consecuencias del modelo de plataformas que no diseñamos ni controlamos es inadmisible.

Por ello, APYCE solicita al Gobierno de la Ciudad que deje sin efecto la imputación a los establecimientos, que ejerza su autoridad sobre las plataformas y sus repartidores, y que convoque a una mesa de trabajo con las entidades del sector.

Reservamos, asimismo, el ejercicio de todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan.

Buenos Aires, noviembre de 2026.-