La medida fija “tarifas de referencia” para calcular el beneficio del 55%. No elimina la tarifa social, pero puede achicar su cobertura real frente a nuevas subas del transporte. En Colegiales, donde miles de vecinos dependen del colectivo, el tren y el subte para trabajar, estudiar o hacer trámites, el golpe vuelve a sentirse en el bolsillo cotidiano.
El Gobierno nacional modificó desde este miércoles 1° de julio la forma en que se calcula la Tarifa Social Federal de la SUBE. La medida, establecida por la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, no elimina formalmente el descuento del 55%, pero introduce un cambio clave: ese beneficio ya no se actualizará automáticamente sobre cualquier aumento de boleto que dispongan las provincias, municipios o la Ciudad.
A partir de ahora, el Estado nacional reconocerá el descuento sobre una “tarifa de referencia”. Para las jurisdicciones locales, esa base será la tarifa vigente al 30 de junio de 2026, siempre que haya sido informada a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Para los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, se tomarán los cuadros tarifarios aprobados por la Secretaría de Transporte en mayo. La resolución señala que esas referencias regirán desde el 1° de julio y se mantendrán hasta que la propia Secretaría decida actualizarlas.
En criollo: el beneficio sigue existiendo, pero el Estado pone un techo al monto que reconoce. Si el boleto sube y la tarifa de referencia no se actualiza al mismo ritmo, el pasajero con tarifa social puede terminar pagando más de lo que pagaría si el 55% se aplicara sobre el valor real y actualizado del viaje.
La Tarifa Social Federal alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de AUH, AUE, Progresar, pensiones no contributivas, seguro de desempleo, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas y otros grupos incluidos en el régimen. Para acceder al beneficio, la SUBE debe estar registrada y personalizada.
El argumento oficial es que existía una “marcada dispersión tarifaria” entre provincias y municipios, con aumentos frecuentes y distintos en cada jurisdicción. Según Transporte, eso generaba una suba automática e imprevisible del gasto nacional cada vez que una autoridad local aumentaba el boleto. Bajo esa lógica, la Nación busca ordenar el financiamiento y fijar un parámetro uniforme.
Pero el problema social aparece del otro lado del mostrador: el usuario no paga resoluciones, paga viajes. Y para una persona que toma dos colectivos por día, o combina colectivo, tren y subte para llegar al trabajo, cada diferencia chica se vuelve grande al final del mes. El ajuste no siempre viene con sirena: a veces viene escondido en una fórmula administrativa.
En la Ciudad de Buenos Aires, además, julio arrancó con nuevos aumentos. El boleto mínimo de los colectivos porteños pasó de $788,28 a $820,99 para usuarios con SUBE registrada. En el subte, la tarifa base pasó de $1.558 a $1.621. Y en los trenes metropolitanos, el boleto mínimo subió de $350 a $380.
Para barrios como Colegiales, la noticia no es abstracta. El transporte público es parte de la vida diaria: trabajadores que salen temprano, estudiantes que cruzan la Ciudad, jubilados que van al médico, familias que hacen rendir cada carga de SUBE como si fuera oro en polvo. La medida impacta especialmente en quienes más dependen del descuento para moverse.
El Gobierno sostiene que no cambia el universo de beneficiarios ni el porcentaje del 55%. Eso es cierto en términos formales. Pero en términos reales, el cambio abre la puerta a una pérdida progresiva de cobertura si las tarifas de referencia quedan atrasadas frente a nuevos aumentos. Es el viejo truco de mantener el título del beneficio, mientras el contenido empieza a achicarse.
La resolución también aclara que provincias, municipios y la Ciudad podrán mantener beneficios mayores, gratuidades o franquicias propias, pero deberán definir cómo los financian. Es decir: si una jurisdicción quiere ampliar la protección social, tendrá que poner recursos propios.
En un mes marcado por aumentos en transporte, servicios y otros gastos básicos, la decisión vuelve a colocar a la clase trabajadora frente a una misma escena: salarios que corren de atrás, boletos que suben de frente y beneficios sociales que empiezan a quedar congelados en una foto vieja.
La pregunta de fondo no es técnica. Es política y social: ¿cuánto puede seguir ajustándose sobre la movilidad cotidiana de quienes necesitan viajar para vivir? Porque cuando el boleto se vuelve cada vez más caro, no sólo se encarece el transporte. Se encarece ir a trabajar, estudiar, cuidar, atenderse, moverse por la ciudad. Se encarece la vida común.