La caída de la actividad vuelve a poner bajo discusión las prioridades del Gobierno. Milei, Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich tienen una responsabilidad política que no desaparece detrás de las consignas: explicar qué futuro ofrecen cuando el sacrificio se prolonga y la recuperación pierde fuerza.
La paciencia de una sociedad no puede convertirse en un recurso fiscal ilimitado. Gobernar exige mucho más que pedir aguante, celebrar indicadores favorables y desacreditar a quienes señalan problemas. Cuando la actividad retrocede, la pregunta central es qué decisiones se van a tomar para evitar que el deterioro se profundice. Javier Milei y Luis Caputo deben responder por esas decisiones. El sufrimiento cotidiano no se resuelve con una publicación en redes ni con otra promesa de prosperidad aplazada.
Los números oficiales son una advertencia concreta. El INDEC informó que la actividad económica cayó 2,9% en julio frente a junio, en la medición desestacionalizada, y 1,4% frente al mismo mes de 2025. La industria manufacturera retrocedió 5% interanual. Las ventas reales de supermercados bajaron 2,1% interanual y acumularon una disminución de 2,7% entre enero y julio. La desocupación del segundo trimestre se ubicó en 7,9%. Son indicadores diferentes, pero juntos obligan a discutir la fragilidad de la economía. Fuente: INDEC.
Caputo debe explicar algo más que el dato que le conviene
Hay un matiz que corresponde reconocer: el componente tendencia-ciclo del EMAE avanzó 0,2% en julio. Ese movimiento acompaña una lectura menos negativa que la variación mensual. Sin embargo, tampoco borra la caída observada. Una comunicación económica seria debe explicar ambas cosas y sus límites. Elegir solamente el indicador más cómodo puede servir para defender una gestión en redes; resulta insuficiente para orientar a una sociedad que necesita saber dónde está parada.
La responsabilidad de Caputo consiste en ofrecer un programa capaz de sostener producción, empleo e ingresos, además de administrar las cuentas públicas. El equilibrio fiscal importa, pero su defensa no exime de explicar cómo se recuperará la demanda y qué condiciones permitirán invertir. Si el sacrificio tiene costos presentes y beneficios prometidos, corresponde informar quién soporta cada costo, quién recibe cada beneficio y en qué plazos. La confianza no puede exigirse como un acto de fe.
Tampoco corresponde decretar una recesión consumada a partir de un único dato mensual. Dos trimestres consecutivos de caída del producto constituyen una regla práctica habitual para hablar de recesión técnica, aunque el análisis económico también considera la extensión y duración del deterioro. La precisión fortalece la crítica: no hace falta exagerar una estadística para exigir respuestas frente a una contracción preocupante.
Sturzenegger y Bullrich también deben dar explicaciones
Federico Sturzenegger debe ser interpelado por el enfoque desregulador que representa. Eliminar una traba puede facilitar una actividad, pero la desregulación no garantiza por sí sola clientes, crédito accesible o mejores salarios. Una reforma debe juzgarse por sus resultados y por la distribución de sus efectos. Presentar toda regulación como un obstáculo y toda eliminación de controles como una conquista evita una discusión esencial: qué protección resulta necesaria y qué poder conservan los actores más débiles.
Patricia Bullrich tampoco queda al margen de la discusión política sobre el rumbo que defiende. Acompañar un proyecto implica responder por sus consecuencias, aun cuando no se diseñe su política económica. El malestar social merece escucha y representación. Convertir la confrontación en respuesta permanente empobrece el debate y no ofrece soluciones al problema de fondo: cómo construir una economía en la que trabajar permita vivir con dignidad.
Milei tiene la responsabilidad principal. Un presidente debe rendir cuentas por los resultados de su gobierno, no únicamente por la coherencia de sus convicciones. La herencia recibida puede explicar restricciones; no constituye una absolución perpetua. Cuanto más tiempo transcurre, mayor es la obligación de mostrar qué problemas se resolvieron, cuáles empeoraron y qué correcciones se adoptarán.
La deuda exige transparencia, no consignas
El endeudamiento también requiere una discusión rigurosa. La deuda del Estado y las dificultades de pago de una familia son fenómenos diferentes, aunque pueden relacionarse por medio del empleo, los ingresos, los impuestos y las condiciones del crédito. No corresponde mezclarlos para fabricar una cifra impactante. Sí corresponde exigir información clara sobre los compromisos públicos: moneda, intereses, vencimientos, destino de los fondos y capacidad de repago.
Tomar deuda no demuestra por sí mismo un fracaso, del mismo modo que conseguir financiamiento no demuestra un éxito. La pregunta decisiva es qué capacidad productiva y qué recursos futuros quedan detrás de esas obligaciones. Si la defensa de una operación termina en “los mercados confían”, falta explicar lo esencial: qué gana la sociedad y qué riesgos asume. Los acreedores tienen intereses propios; el Gobierno tiene la obligación de defender los de la Argentina.
Ninguna identidad política llena una heladera
La discusión pública necesita salir de la trampa que convierte cada dificultad en una pelea entre identidades partidarias. El antiperonismo no es un programa económico, como tampoco lo es el rechazo automático de cualquier otra fuerza. Ninguna pertenencia reemplaza una política de ingresos, una estrategia productiva o una explicación convincente sobre el futuro. La ciudadanía tiene derecho a evaluar resultados sin quedar encerrada en lealtades que le impidan cuestionar a sus representantes.
En los barrios, la economía se juega en operaciones pequeñas y decisivas: pagar un alquiler, reponer mercadería, contratar a alguien, comprar alimentos, sostener un taller. Es allí donde cualquier programa debe demostrar su utilidad. Para Palermo y para el resto del país, una recuperación necesita expresarse en oportunidades concretas. La celebración oficial pierde sentido cuando no logra explicar cómo llegará a la vida cotidiana.
Desde esta posición editorial, administrar el deterioro con indiferencia merece una condena política y moral. El Gobierno no puede tratar la angustia como una falla de comprensión de los ciudadanos. Milei, Caputo, Sturzenegger y Bullrich deben responder con decisiones, argumentos y resultados. Un país no puede vivir eternamente en la antesala de una promesa: gobernar es hacerse cargo del presente.