El operativo del sábado 26 de septiembre vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: cuando un evento privado ocupa durante horas la trama pública, ¿quién gana, quién paga y quién responde?
El sábado 26 de septiembre, el área de River Plate volverá a quedar sometida a un operativo de circulación extraordinario por un recital. No es una molestia lateral ni un corte de media cuadra: desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada del domingo habrá un cierre total del perímetro delimitado por avenida del Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta y Monroe. A las 13 se sumará el corte de Figueroa Alcorta entre Udaondo y Monroe; desde las 14, Udaondo, el Puente Labruna, accesos desde Cantilo y calles como Campos Salles y Teniente Ricchieri. También se cerrará La Pampa entre Figueroa Alcorta y la autopista. La propia Ciudad anticipa congestión en Monroe, Ramsay y Figueroa Alcorta.
Para quien va al show, habrá colectivos sugeridos y extensión de la Línea D hasta la 1.30, con salida sólo desde Congreso de Tucumán. Para quien vive, trabaja, cuida a un familiar, tiene que hacer una guardia, volver de una cena o simplemente cruzar el barrio, el panorama es otro: ingresos y egresos controlados, recorridos largos, embudos en arterias ya exigidas y la sensación de que el espacio común se convierte por una noche en la antesala logística de un negocio ajeno.
No es una discusión contra la música ni contra River
Buenos Aires necesita cultura, recitales, estadios activos y empleo. Un espectáculo moviliza artistas, técnicos, gastronómicos, choferes, trabajadores de seguridad y comercios. Ese dato existe y no conviene barrerlo debajo de la alfombra. El problema aparece cuando la ecuación pública queda incompleta: los beneficios económicos son privados o, como mucho, se derraman de manera desigual; los costos de tiempo, circulación, estacionamiento, ruido, limpieza y accesibilidad caen con bastante precisión sobre los vecinos.
El vecino de Núñez, Belgrano, Colegiales o Palermo que necesita atravesar ese sector no recibe una entrada, un descuento, un estacionamiento alternativo, una mejora permanente del transporte ni una compensación por las horas perdidas. Recibe, en cambio, la recomendación oficial de “evitar circular” por Libertador, una frase bastante pobre cuando esa avenida es una columna vertebral de la zona norte y no un sendero de paseo.
La pregunta de fondo no es si una empresa privada puede organizar un evento masivo. Puede, y debe hacerlo con reglas claras. La pregunta es por qué, cada vez que se hace, el Gobierno de la Ciudad parece limitarse a administrar el trastorno en vez de negociar en nombre de quienes viven alrededor. Autorizar no puede significar trasladar casi todo el costo social al que no eligió asistir al espectáculo.
El Estado no puede ser solamente el vallado
La gestión de Jorge Macri tiene aquí una responsabilidad política directa. La Ciudad define permisos, ordena el tránsito, dispone agentes, coordina transporte, exige planes de evacuación y controla el cumplimiento. No es una espectadora a la que le cayó un recital del cielo. Si el operativo demanda que un barrio entero cambie su vida durante quince horas, la obligación del Gobierno no termina al publicar un mapa con flechas y calles recomendadas.
La comunicación, además, está pensada principalmente para llevar público al estadio: enumera líneas de colectivo, ofrece extensión de subte y marca accesos. Todo eso es útil, pero queda corto para una política urbana seria. Falta saber con precisión qué parte del operativo financian los organizadores; cuánto cuesta al Estado desplegar agentes, limpieza y ordenamiento; cuáles son las condiciones de habilitación; qué protocolo protege a las personas con movilidad reducida, a los adultos mayores, a los trabajadores nocturnos y a quienes deben acceder a su vivienda o a una atención de urgencia.
Tampoco es menor la coincidencia con trabajos anunciados para el Puente Labruna durante ese mismo fin de semana. Aunque los cierres tengan fundamentos distintos, desde la vereda del vecino el resultado se mide igual: más barreras para entrar, salir y circular. La coordinación de obras, recitales y grandes eventos no puede resolverse con comunicados aislados. Tiene que resolverse antes, con una mirada metropolitana y con el impacto real de cada cuadra sobre la mesa.
Una ciudad que escucha sólo al que compra entrada
Hay algo que viene repitiéndose en Buenos Aires: la lógica de que el ciudadano debe adaptarse sin chistar a cualquier evento que prometa movimiento, cámaras y consumo. Se festeja el lleno del estadio, pero no se pregunta quién quedó encerrado entre los cortes; se celebra la postal de la Ciudad “viva”, pero se normaliza que la vida cotidiana de miles de personas quede en pausa. Es una política de superficie: mucha producción de espectáculo, poca defensa concreta del derecho a habitar.
No se trata de prohibir recitales ni de convertir a los barrios en museos silenciosos. Se trata de terminar con el permiso en blanco. Si una productora, un estadio y los patrocinadores obtienen ingresos gracias a un evento que utiliza calles, transporte, espacio público y fuerza operativa estatal, deben asumir obligaciones verificables. El beneficio privado no puede tener una factura pública abierta.
Qué debería exigir la Ciudad antes de aprobar otro megaevento
La salida no es imposible; requiere decisión y transparencia. Para cada espectáculo de gran escala, la Ciudad debería publicar antes y después del evento un informe simple, accesible y auditable: organizador, capacidad autorizada, costo del operativo, parte cubierta por los privados, plan de limpieza, plan de transporte, desvíos, denuncias recibidas y sanciones aplicadas. El vecino no necesita propaganda: necesita saber qué se acordó en su nombre.
También hace falta un protocolo de mitigación real. Eso incluye estacionamientos periféricos y lanzaderas pagadas por el organizador, refuerzo de colectivos nocturnos, señalización física con anticipación, corredores garantizados para emergencias, ventanas de ingreso para residentes y trabajadores, canales de atención que funcionen durante el operativo y controles efectivos de ruidos, residuos y ocupación indebida de veredas o garajes. La extensión del subte debe ser un complemento; no el único gesto de gestión.
Además, los barrios afectados merecen una instancia pública previa. No una audiencia decorativa cuando ya está todo firmado, sino una consulta barrial con calendario anual de fechas, límites de frecuencia y mecanismos para prevenir que varios cortes y obras se monten unos sobre otros. En una ciudad densa, prever no es un lujo técnico: es respeto básico.
Una cuenta pendiente de Jorge Macri
El Gobierno porteño puede decir que informa, desvía y despliega personal. Es cierto. Pero administrar el daño no equivale a gobernar el problema. La vara debería ser más alta: que la actividad cultural y económica exista sin convertir al residente en un convidado de piedra dentro de su propio barrio.
El sábado habrá música dentro de River. Afuera, para miles de porteños, habrá vallas, desvíos y horas regaladas al tránsito. La gestión de Jorge Macri tiene que explicar por qué esa carga se considera normal y qué obtiene la comunidad a cambio. Porque mientras las empresas venden entradas, auspicios y consumos, el vecino no debería ser quien paga con tiempo, ruido y derecho a circular. La Ciudad no puede funcionar como productora logística gratuita de negocios privados: tiene que ser, antes que nada, la casa de quienes la habitan.
Datos útiles del operativo del sábado 26
- Cierre de perímetro: de 11 a 2, entre Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta y Monroe.
- Figueroa Alcorta: corte total entre Udaondo y Monroe, de 13 a 2.
- Desde las 14: cortes en Udaondo, accesos al Puente Labruna desde Cantilo, Campos Salles, Teniente Ricchieri y el propio Puente Labruna.
- También cerrada: La Pampa entre Figueroa Alcorta y la autopista.
- Subte Línea D: extensión hasta la 1.30; salida únicamente por Congreso de Tucumán.
- Vías de desvío sugeridas: La Pampa, Sucre, Echeverría, Juramento, Mendoza, Olazábal y Puente Scalabrini Ortiz para acceder a la AU/Cantilo.
Fuente de los cortes: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunicado del 16 de septiembre de 2026.