Resumen: La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, generó controversia al anunciar su intención de reabrir juicios contra la guerrilla Montoneros, desatando una ola de críticas desde distintos sectores, tanto por la legalidad de su propuesta como por su omisión respecto a los crímenes de la dictadura militar. La polémica se suma a las tensiones internas del gobierno de Javier Milei.
Villarruel aviva la polémica: reabrir juicios a Montoneros y la sombra de la dictadura
En un jueves caluroso, bajo el cielo plomizo de Buenos Aires, la vicepresidenta Victoria Villarruel desató un torbellino en la arena política. En un acto que olía a desafío y controversia, la líder se plantó en el Senado y, con voz firme, anunció que impulsará la reapertura de los juicios contra los antiguos militantes de Montoneros, la guerrilla que sembró el terror en la Argentina de los años ’70. Un discurso que, como pólvora en los oídos, resonó en cada rincón del país.
«Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años», afirmó Villarruel, con una convicción que no dejó lugar a titubeos. La audiencia, sin embargo, no tardó en advertir la falta de poder de la vicepresidenta para tal cometido, generando una ola de críticas que golpeó fuerte en el entramado político.
El anuncio, cargado de un revisionismo que muchos tildaron de negacionista, esquivó de manera notoria cualquier referencia a los crímenes atroces cometidos por la última dictadura militar (1976-1983), una herida aún abierta en la memoria colectiva del pueblo argentino. La reacción no se hizo esperar. La organización H.I.J.O.S, cuyos integrantes son hijos de desaparecidos, fue tajante al repudiar lo que consideraron una «glorificación del terrorismo de Estado» por parte de Villarruel.
«Nos alarma que una representante elegida democráticamente se exprese pública e institucionalmente desconociendo el genocidio», clamaron desde la organización, marcando con palabras filosas la postura de aquellos que aún luchan por la memoria, la verdad y la justicia.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos con una larga trayectoria en el país, se subrayó que las organizaciones armadas, como Montoneros, no salieron indemnes. «Sus integrantes fueron torturados y tirados al mar,» recordaron, destacando el espantoso destino que muchos de ellos enfrentaron, víctimas de los más terribles crímenes.
La tormenta política generada por las declaraciones de Villarruel también alcanzó al propio gobierno. Lilia Lemoine, diputada cercana a Milei, no dudó en acusar a la vicepresidenta de usar este tema como una cortina de humo para desviar la atención del escándalo reciente: la visita de legisladores de su partido a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. «Lo está tapando con esto,» sentenció Lemoine, avivando aún más las llamas de la discordia.
En el núcleo del poder, las reacciones fueron más medidas, pero no menos reveladoras. Fuentes de la presidencia, consultadas por la agencia Noticias Argentinas, deslizaron que «no es un tema nuestro,» marcando distancia de una Villarruel que parece estar jugando su propio juego en un tablero minado.
Con esta propuesta, Villarruel no solo revive la teoría de los «dos demonios» —una visión que equipara los crímenes de la dictadura con los de las guerrillas—, sino que además pone en riesgo a figuras como Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, quien en su juventud fue parte de Montoneros. Si Villarruel logra su cometido, Bullrich podría enfrentarse a la justicia, un escenario que promete tensar aún más las ya delicadas relaciones en el gabinete de Milei.
En medio de este escenario, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿A qué juega Villarruel? Mientras la política argentina se tambalea entre viejos fantasmas y nuevas disputas, la figura de la vicepresidenta emerge como un enigma, un personaje que, lejos de calmar las aguas, parece empeñado en agitarlas.