En silencio, casi sin ruido mediático al principio, fue registrada una nueva operatoria inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que vuelve a encender luces amarillas sobre su patrimonio declarado y la forma en la que financió la adquisición de bienes en los últimos años.
Según surge de su declaración ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario utilizó un mecanismo reiterado: hipotecas privadas otorgadas por particulares, fuera del circuito bancario tradicional, para financiar la compra de propiedades.
Un esquema que se repite
La operatoria registrada en el departamento de la avenida Asamblea al 1100 no es un hecho aislado. Se trata de un patrón.
En este caso, la hipoteca fue firmada el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya ocupaba un rol central dentro del Gobierno nacional. Ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, adquiría una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
El dato no es menor: simultaneidad de operaciones, financiamiento privado y montos significativos en dólares.
Las prestamistas fueron identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes habrían aportado 100.000 dólares en total. En la declaración jurada, esa deuda aparece pesificada pero aclarada como originalmente en moneda extranjera.
¿Quién financia y por qué?
Ahí empieza el terreno más incómodo.
Molina de Cancio no es una desconocida: fue comisaria de la Policía Federal y ocupó cargos jerárquicos dentro de la estructura de formación policial hasta 2021. No es un dato irrelevante, sobre todo cuando se analiza el perfil de quienes prestan dinero fuera del sistema formal.
En paralelo, la misma escribana —Adriana Mónica Nechevenko— intervino en múltiples operaciones del matrimonio Adorni-Angeletti, incluyendo otras compras inmobiliarias y certificaciones clave.
El detalle que tensiona la escena: la escribana registra al menos siete ingresos a Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.
Demasiadas coincidencias para un expediente que recién empieza a desplegarse.
La causa judicial ya está en marcha
El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a la escribana para que entregue toda la documentación vinculada a estas operaciones.
El objetivo es claro: reconstruir el circuito del dinero, verificar la legalidad de las transacciones y determinar si hubo o no inconsistencias patrimoniales.
La causa gira en torno a un posible enriquecimiento ilícito, alimentado por la compra de propiedades no declaradas y viajes en avión privado.
El antecedente que agrava el cuadro
El caso del departamento en la calle Miró al 500 refuerza el patrón.
Allí, la adquisición —un inmueble de gran tamaño con cochera— fue financiada casi en su totalidad por las propias vendedoras, quienes otorgaron una hipoteca por 200.000 dólares, cerca del 90% del valor declarado en la escritura.
Un número que, según el mercado inmobiliario, estaría muy por debajo del precio real.
Otra vez: financiamiento privado, valores discutidos y estructura repetida.
Más que un caso individual
Lo interesante —o preocupante— es que este tipo de operatorias no son ilegales en sí mismas. Las hipotecas privadas existen. Se usan. Son válidas.
Pero cuando se vuelven sistemáticas, cuando coinciden con cargos públicos de alto nivel, cuando involucran actores que orbitan el poder… dejan de ser una simple elección financiera.
Pasan a ser materia de escrutinio público.
El relato vs la realidad
Adorni construyó su figura pública como vocero frontal, crítico del “viejo sistema”, defensor de la transparencia y la meritocracia.
Ahora, ese mismo discurso queda bajo tensión.
No porque haya una condena —todavía no la hay— sino porque los hechos empiezan a contradecir la narrativa.
Y en política, cuando el relato se agrieta, el problema no es solo judicial: es de credibilidad.
Lo que viene
La declaración de la escribana puede ser un punto de inflexión.
Si la documentación respalda las operaciones, el caso podría diluirse.
Si aparecen inconsistencias, esto recién estaría empezando.
Mientras tanto, la pregunta queda flotando, incómoda, como esas verdades que nadie quiere decir en voz alta:
¿Estamos frente a una operatoria financiera atípica… o ante el primer capítulo de un problema mucho más grande dentro del Gobierno?
Porque una cosa es segura: cuando el dinero empieza a hablar, la política ya no puede hacerse la distraída.