El caso de Trinidad, la adolescente cordobesa de 15 años que murió tras el ataque de un dogo, volvió a poner sobre la mesa una discusión que durante años se pateó para adelante: la tenencia de perros con capacidad de causar daños gravísimos no puede quedar librada a la improvisación, al “mi perro es buenito” o a la idea de usar un animal como alarma viviente.
Luego de la condena judicial a los propietarios del perro involucrado en el ataque, diputados nacionales de Provincias Unidas presentaron un proyecto para crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable. La iniciativa, encabezada por la cordobesista Alejandra Torres y acompañada por Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, propone una regulación nacional para los llamados perros potencialmente peligrosos.
El proyecto contempla prisión de hasta ocho años cuando la negligencia del responsable del animal cause lesiones graves o la muerte de una persona. También prevé sanciones para quienes dejen a estos perros sueltos en la vía pública, incluso cuando no llegue a producirse un ataque. La lógica es bastante elemental: el Estado no debería esperar una tragedia para intervenir.
La propuesta crea el Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos, donde deberán inscribirse los animales alcanzados por la norma. Además, plantea la identificación obligatoria mediante microchip subcutáneo antes de los cuatro meses de edad, una herramienta clave para establecer quién es el responsable de cada animal y evitar que, después de un ataque, el perro desaparezca junto con las explicaciones.
Para tener uno de estos animales, los propietarios deberían tramitar una licencia administrativa local. Entre los requisitos figuran acreditar aptitud psicológica, no contar con antecedentes por delitos violentos y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra daños materiales y físicos a terceros.
El seguro no es un castigo ni un invento burocrático: es una garantía mínima. Si una persona decide convivir con un perro de gran porte, fuerza y potencial lesivo, debe asumir que una mala decisión puede tener consecuencias devastadoras para un vecino, un chico que juega en una vereda, otra mascota o un repartidor que simplemente pasó por una puerta mal cerrada.
También resulta razonable que el uso de correa, pretal adecuado y bozal sea obligatorio en espacios públicos cuando corresponda por las características del animal y la reglamentación. No se trata de demonizar perros ni de castigar razas por existir. Un perro no redacta su propia crianza, no instala el portón de una casa ni decide salir sin control: esas decisiones las toma una persona.
Pero la responsabilidad tiene que dejar de ser una frase decorativa dicha después de una tragedia. Si alguien usa un perro como guardia, intimidación o símbolo de poder, debe garantizar condiciones de seguridad mucho más estrictas que las de una mascota común. Tener un animal capaz de provocar lesiones severas exige capacitación, control, infraestructura adecuada y recursos para responder ante cualquier daño.
Alejandra Torres sostuvo que el proyecto no va contra los animales, sino que busca establecer cuidados y compromiso de parte de sus dueños. Es un punto central: proteger a los vecinos también es proteger al animal de propietarios irresponsables que lo abandonan, lo estimulan para atacar o lo convierten en una amenaza por pura negligencia.
En barrios con alta circulación peatonal, como Colegiales, donde conviven familias, escuelas, plazas, bicis, paseadores y comercios, esta discusión no es ajena. La tenencia responsable no puede depender de la buena voluntad ni de la suerte. Cuando hay vidas en juego, registrar, asegurar, controlar y sancionar no es exageración: es sentido común.