Buenos Aires, 14 de enero de 2026 — Desde este jueves 15 de enero, los teléfonos celulares ingresarán al país con arancel de importación cero, una decisión que vuelve a mover el tablero de la economía real y promete —al menos en los papeles— una baja en los precios al consumidor.
La medida fue establecida por el Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, y completa un proceso de reducción progresiva: primero al 9,5% y ahora, directamente, a cero. Según el texto oficial, el objetivo es claro y ambicioso: mejorar la oferta, bajar precios, ampliar el acceso a la tecnología y empujar la inclusión digital.
En criollo: más celulares, menos impuestos, precios que deberían aflojar.
Desde el Gobierno se sostiene que esta decisión facilitará el acceso a dispositivos a un sector amplio de la población y contribuirá al desarrollo tecnológico. Sin embargo, la letra chica deja tensiones abiertas. La medida impacta de lleno en la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, que históricamente funcionó bajo un esquema de protección arancelaria y beneficios fiscales.
La pregunta inevitable flota en el aire: ¿la baja de impuestos se traducirá efectivamente en precios más bajos o quedará atrapada en la cadena de intermediarios? La experiencia argentina invita al escepticismo. En una economía que parece estable pero no lo es, donde los precios suben para luego “bajar” apenas, el consumidor aprendió a mirar con desconfianza los anuncios rimbombantes.
Menos impuestos no siempre significan menos precios. A veces es solo una pausa, una ilusión de alivio antes del próximo ajuste. Esta vez, el mercado tiene la palabra. Y el bolsillo, la última sentencia.