en la compra de propiedades del jefe de Gabinete
En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, nuevas dudas se instalaron sobre el rol de la escribana interviniente en las operaciones inmobiliarias vinculadas al jefe de Gabinete. La polémica gira en torno a la falta de precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de las propiedades y las obligaciones legales que, según especialistas, no habrían sido cumplidas.
Durante su declaración, la notaria pública aseguró desconocer el origen del dinero con el que se concretaron las operaciones. Sin embargo, esta afirmación abrió un frente aún más delicado. El abogado y ex funcionario Mariano Federici salió a marcar el terreno con precisión quirúrgica: recordó que, en Argentina, los escribanos no son simples certificadores de firmas, sino “sujetos obligados” bajo la Ley 25.246, el marco normativo clave en la prevención del lavado de activos.
Según explicó, esta ley impone a los escribanos la responsabilidad de verificar la licitud de los fondos en operaciones sensibles, especialmente cuando intervienen Personas Expuestas Políticamente (PEPs), como es el caso de un funcionario de alto rango. En ese contexto, la Resolución UIF 242/2023 establece reglas claras: el escribano debe identificar al cliente, analizar el origen del dinero y exigir una declaración jurada que respalde su legalidad.
Pero el punto más espinoso aparece en los detalles de la financiación. Federici señaló que el artículo 25 de la normativa contempla situaciones que deberían encender alarmas. Entre ellas, condiciones crediticias fuera de mercado, como préstamos sin intereses o acuerdos sin garantías claras. Justamente, uno de los aspectos que más ruido genera en la causa es que las supuestas prestamistas —según trascendió, personas de edad avanzada— habrían otorgado financiamiento sin cobrar intereses, sin una justificación económica razonable.
En criollo: números que no cierran. Y cuando los números no cierran, en el mundo financiero eso no es un detalle menor, es una señal.
El ex titular de la UIF fue más allá y advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones no es un tecnicismo administrativo. Puede derivar en sanciones por parte de la Unidad de Información Financiera, e incluso abrir la puerta a responsabilidades penales si se comprobara que hubo omisiones deliberadas o negligencia grave.
Mientras tanto, la Justicia avanza con peritajes y cruces de información para determinar quiénes participaron en las operaciones, qué montos reales se manejaron y si existieron maniobras para encubrir el origen del dinero.
La historia, lejos de cerrarse, recién empieza a mostrar sus pliegues más incómodos. Porque en la Argentina, donde la confianza en las instituciones camina siempre por la cornisa, cada escritura deja de ser un papel y pasa a ser una pista. Y en este caso, todo indica que hay más preguntas que respuestas.