Fuerte rechazo de trabajadores de prensa tras sus dichos sobre “delincuentes”
En medio de un clima político cada vez más tenso y con indicadores de aprobación en discusión, el presidente Javier Milei volvió a escalar su confrontación con el periodismo, al afirmar que “el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes”. La declaración fue realizada durante una entrevista en la TV Pública y generó una inmediata reacción en el ámbito de la prensa y en distintos sectores institucionales.
La frase, de una dureza inusual para un jefe de Estado en funciones, fue interpretada por organizaciones de prensa, periodistas y analistas como un ataque generalizado que pone en cuestión el rol del periodismo en democracia. Diversos profesionales señalaron que no se trata de una crítica puntual, sino de una deslegitimación sistemática del trabajo informativo.
Desde asociaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se advirtió que este tipo de declaraciones no solo agravan el clima de hostilidad, sino que pueden tener consecuencias concretas en el ejercicio profesional, fomentando agresiones y debilitando la confianza pública en los medios.
En ese sentido, remarcaron que el periodismo cumple una función esencial en cualquier sistema democrático: controlar al poder, investigar irregularidades y garantizar el acceso a la información. “Generalizar acusaciones de este tipo desde el poder no fortalece la democracia, la erosiona”, señalaron en distintos comunicados.
La entrevista, además, fue cuestionada por la falta de contrapreguntas incisivas y por el perfil de los entrevistadores, lo que reavivó el debate sobre la calidad del intercambio entre el poder político y los medios. Para muchos analistas, el problema no es solo el contenido de las declaraciones, sino el contexto en el que se producen.
Mientras tanto, desde el propio ámbito periodístico comenzaron a surgir respuestas que, sin caer en la descalificación personal, plantean una discusión de fondo: si el periodismo tiene fallas —como cualquier actividad—, la respuesta no puede ser su demonización total, sino su mejora, profesionalización y diversidad.
La tensión entre el Gobierno y la prensa no es nueva en la Argentina, pero el nivel de confrontación actual marca un punto de inflexión. En un escenario donde la palabra presidencial tiene un peso institucional enorme, cada declaración impacta no solo en la agenda política, sino también en el clima social.
La pregunta que queda flotando no es menor: ¿se está discutiendo el rol del periodismo o se está intentando deslegitimarlo por completo? Porque cuando el poder decide que quien pregunta es el enemigo, el problema ya no es el periodismo. Es la democracia misma.